En noviembre, la CPI, con sede en La Haya, emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Al mismo tiempo, emitió una orden de arresto contra un alto dirigente del grupo palestino Hamás.

El mandatario estadounidense consideró en su orden ejecutiva que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas”.

Esta medida coincide con la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a Washington de esta semana.

La CPI, que cuenta con 125 miembros, es un tribunal permanente que puede juzgar a personas por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión contra el territorio de los Estados miembros o cometidos por sus nacionales. Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros.

“Una conducta maligna”

Según Trump, las recientes acciones de la CPI “sientan un precedente peligroso, poniendo en riesgo directamente al personal actual y anterior de Estados Unidos, incluidos los miembros en servicio activo de las Fuerzas Armadas, al exponerlos a acoso, abuso y posible arresto”.

Esa “conducta maligna”, en su opinión, “amenaza con infringir la soberanía de Estados Unidos y socava la labor crítica de seguridad nacional y política exterior del Gobierno estadounidense” y de sus aliados.

El documento entiende por aliado el gobierno de un país miembro de la OTAN o de un socio destacado que no pertenezca a esa organización. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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A través de una comparecencia ante los medios, el canciller español explicó que el objetivo es que se respeten las medidas cautelares decretadas por la Corte para detener la operación militar, que ha recordado que son “de obligado cumplimiento para todas las partes”.

El diplomático indicó que España presenta una declaración de intervención en el procedimiento para apoyar al tribunal en la aplicación de las medidas cautelares, “especialmente en la finalización de las operaciones militares en Rafah, para que vuelva la paz; en los obstáculos a la entrada de ayuda humanitaria, que deben terminar y en la destrucción de infraestructuras civiles, que debe cesar”.

Albares abogó por el cese de los bombardeos, el alto el fuego, la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes y el acceso urgente y sin restricciones de ayuda humanitaria para la población civil.

Como objetivo final se encuentra acabar la guerra iniciada en la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre y comenzar a avanzar en la aplicación de la solución de los dos Estados, “que es la única garantía para alcanzar la paz y la seguridad para palestinos e israelíes y para toda la región”, indicó.

El ministro aseguró que la medida no significa apoyar a ninguna de las dos partes, sino que se trata de un apoyo a los jueces a la hora de tomar una decisión.

En los últimos meses se han incrementado las tensiones entre España e Israel a partir de que miembros del Gobierno ibérico han ido deslizando críticas hacia la actuación de Israel en la Franja de Gaza, hablando de incumplimientos de los Derechos Internacional Humanitario y de que podría estar cometiendo delitos de genocidio y violaciones de derechos humanos.

El pasado 28 de mayo España oficializó el reconocimiento del Estado de Palestina, lo ha desencadenado la prohibición —por parte de Israel— a que el Consulado General de España en Jerusalén preste servicios a palestinos de Cisjordania y ha acusado de antisemitismo a varios ministros españoles, especialmente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

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