Este miércoles 28 de enero entró en vigor la Ley 178 Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes. La misma tiene como objetivo proteger el interés de niños, adolescentes y jóvenes. La normativa establece el marco institucional destinado a orientar e implementar las políticas públicas dirigidas a este sector de la población.

Naima Trujillo Barreto, Ministra de Educación, detalló en conferencia de prensa que la nueva legislación acelerará procesos de transformación en el país, y «ayudará a construir también un Gobierno más holístico» publicó Radio Rebelde.

«El Código se basa en principios de igualdad y no discriminación, interés superior del niño y la niña, participación progresiva según madurez sicológica, protección contra toda forma de violencia –incluido el trabajo infantil–, así como en el derecho a la vida familiar y la prioridad del cuidado en entornos familiares», puntualizó Trujillo Barreto.

La Ley, construida sobre una estructura de codificación, contempla dos libros diferenciados por grupos etarios. Además, crea un Sistema de Protección Integral compuesto por subsistemas de educación, salud, protección frente a la violencia, cuidado alternativo, protección social y justicia penal adolescente, los cuales funcionarán de manera articulada en todos los niveles.

Así mismo protege los derechos a la participación, la protección digital, a la salud sexual y reproductiva, protección contra la violencia y priorizar medidas socioeducativa y restaurativas en cuanto a la justicia penal de los adolescentes de 16 a 18 años.

La nueva normativa define los entornos protectores como aquellos espacios en los que este sector de la sociedad pueda desarrollarse libre de violencia, discriminación, negligencia o cualquier forma de vulneración de sus derechos.

Con información tomada de Radio Rebelde.

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Otro de los temas sensibles que aborda este anteproyecto está relacionado con el respaldo legal de los niños y adolescentes que cometen actos delictivos. Actualmente si un niño comete hechos que la ley tipifica como delito, aunque se le aplique una medida administrativa, va a una escuela para niños con trastornos de la conducta o a una de formación integral. Sin embargo, ¿qué representación legal tiene ese menor?

A los efectos de este código hay un subsistema de protección penal adolescente. A pesar de que sí son juzgados por los hechos que cometen, también tienen una protección especial que los ampara. Es decir, son juzgados penalmente, pero al ser menores de edad, el código los tiene que proteger y hay un tratamiento especial para ellos.

Se precisa que estos niños no vayan directamente a un acogimiento institucional, pues debería ser la última variante y por ello se incorpora el término acogimiento urgente, para esclarecer en un tiempo prudencial qué vamos a hacer y qué respuesta le vamos a dar a un muchacho. Es preciso que tienen que aparecer otros familiares y personas que los atiendan por un tiempo determinado.

Por tales razones se considera imprescindible transformar las escuelas de conducta. No cerrarlas, porque hay un decreto ley antiguo que ampara este sistema de atención a los menores contra el trastorno de la conducta. Lo que sí se ha materializado es ir dejando los especialistas que atienden a estos niños en las escuelas cercanas a esas instituciones.

En 2024 se han llevado a cabo consultas a 20 mil niños, adolescentes y jóvenes, además de campesinos, académicos y miembros de la comunidad científica, asociaciones, institutos y centros de estudio y expertos en la Constitución y el Código de las Familias. Esto asegura una diversidad de opiniones relacionadas con los temas que aborda el anteproyecto y enriquece el debate en torno a él.

Es, por tanto, un código moderno, pero necesario, por ello aún está en proceso la consulta popular para recoger opiniones y posibles sugerencias constructivas. El anteproyecto demuestra una vez más la voluntad del Estado cubano en priorizar y garantizar leyes que protejan a quienes serán el futuro de Cuba.

(Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres/ Radio 26)

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