Los migrantes, 238 según cifras oficiales, fueron acusados por Washington de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, pero tanto el Gobierno venezolano como los familiares de los detenidos niegan categóricamente estas acusaciones, afirmando que son ciudadanos comunes sin vínculos con grupos delictivos.

El abogado Jaime Ortega, representante legal del caso, explicó que aunque inicialmente presentaron la demanda en nombre de 30 venezolanos que les otorgaron poderes notariales, buscarán extender la acción legal a todos los compatriotas detenidos.

“Exigimos primero su liberación inmediata y, de no ser posible, que se realice un traslado y repatriación ordenados y sistemáticos”, declaró Ortega a medios internacionales.

La situación se originó cuando Estados Unidos deportó a los venezolanos utilizando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de tiempos de guerra que fue bloqueada in extremis por el juez federal James Boasberg.

Pese a la orden judicial que exigía el regreso del vuelo, las autoridades estadounidenses completaron la deportación hacia El Salvador, donde los venezolanos fueron recluidos en una prisión de 23 hectáreas ubicada a 70 km de San Salvador.

El traslado se hizo bajo un acuerdo mediante el cual Washington pagaría al Gobierno salvadoreño seis millones de dólares por albergar a los deportados.

El presidente Nayib Bukele confirmó el domingo 23 de marzo en redes sociales la llegada de los “238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua”, aunque no proporcionó evidencia que respalde esa afirmación.

Las condiciones carcelarias han generado seria preocupación. El juez Boasberg citó en su resolución testimonios sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo palizas sistemáticas, humillaciones, acceso irregular a alimentos y agua potable, y condiciones de hacinamiento extremo que obligan a los reclusos a dormir de pie.

La situación legal de los detenidos presenta múltiples irregularidades. David Morales, director legal de la ONG Cristosal, señaló que “no existe fundamento legal para el encarcelamiento de los venezolanos en El Salvador” y calificó las detenciones de arbitrarias pues no han sido sometidos a proceso judicial alguno en territorio salvadoreño.

El caso se complica por el contexto político de El Salvador, donde rige un estado de excepción desde marzo de 2022 que ha suspendido garantías constitucionales. Además, el país centroamericano rompió relaciones diplomáticas con Venezuela en 2019, lo que deja a los detenidos sin asistencia consular.

Expertos legales como Enrique Anaya advierten que la falta de independencia judicial en El Salvador –donde el Gobierno de Bukele reemplazó en 2021 a los magistrados de la Sala Constitucional– reduce considerablemente las posibilidades de éxito del hábeas corpus. Sin embargo, destacan que la acción legal sirve para documentar las irregularidades y mantener la presión internacional sobre el caso.

Hasta el momento, ni la Fiscalía General de El Salvador ni el comisionado presidencial para los derechos humanos han respondido a las solicitudes de información sobre el estatus legal de los prisioneros venezolanos, mientras que el Gobierno de Bukele mantiene silencio sobre el particular. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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Esta “herencia de la esclavitud […] se expande en el conjunto de las fuerzas del orden y del sistema judicial” estadounidenses, agrega el documento.

Los expertos confirmaron que, en las visitas realizadas en abril y mayo, habían constatado prácticas en las cárceles estadounidenses que equivalían a “una afrenta a la dignidad humana”.

Los testimonios recogidos por los especialistas de la ONU afirman que prisioneras fueron obligadas a dar a luz mientras estaban esposadas, mientras que sus bebés eran entregados a centros de atención estatales horas después del nacimiento.

Los autores del informe recomiendan que Estados Unidos debe adoptar un “enfoque basado en los derechos humanos”, para hacer frente a una “profunda falta de confianza de los afrodescendientes en la aplicación de la ley y en los sistemas de justicia penal”, debido a las medidas brutales pasadas y presentes de agentes y la inmunidad frente a las irregularidades.

El grupo de expertos fue creado en julio de 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU), cerca de un año después de la muerte del afroestadounidense George Floyd, al que un policía blanco mató el 25 de mayo de 2020 en Mineápolis (Minnesota), para investigar las acusaciones de violencia policial motivadas por el racismo en todo el mundo.

Desde la sentencia en 2021 del oficial de policía Derek Chauvin por el asesinato de Floyd, que desató un momento global de ajuste de cuentas sobre el racismo y la actuación policial, el CDHNU ha recibido muchas denuncias al respecto. (ALH)

Tomado de Cubadebate

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El hecho sucedió en la prisión de Santo Domingo de las Tsáchilas, en la provincia de Sierra de Ecuador. Un informe del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) expresa que la Policía y las Fuerzas Armadas retomaron el control del centro.

Con el apoyo de @PoliciaEcuador @FFAAECUADOR se retoma el control del #CPLSantoDomingo Nº 1. Lamentablemente, personal del Centro reporta al momento 13 PPL fallecidos y 2 heridos. https://t.co/n9TuQISEDg

— SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) July 18, 2022

La Secretaría de Derechos Humanos activó un protocolo de atención para los familiares de los reclusos y coordina otras acciones con el SNAI para enfrentar la situación. En tanto, la Fiscalía investiga las causas del incidente.

COMUNICADO OFICIAL | Ante los hechos suscitados hoy, 18 de julio de 2022 en el CPL de #SantoDomingo, la Secretaría de Derechos Humanos del Ecuador informa que activó su protocolo de atención https://t.co/8wMSOPFXSm pic.twitter.com/MkW1HhyYdK

— Ministerio de la Mujer y DD.HH. del Ecuador (@DDHH_Ec) July 18, 2022

Ecuador enfrenta un complejo panorama con la seguridad en las cárceles. Este es el segundo hecho en la prisión de Santo Domingo de las Tsáchilas. En mayo un enfrentamiento similar ocasionó 44 muertos y 10 heridos.

Desde febrero del 2021, Ecuador registra siete enfrentamientos en las cárceles con 400 muertos, reporta Telesur. (ALH)

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