Al respecto, Benito Rey González, director general de Seguridad Social del MTSS, explicó en conferencia de prensa que la resolución 14 del 2025 sobre este tema se publica hoy en Gaceta Oficial.

Recordó que este no es el primer incremento de pensiones o salariales que se realiza en el país, pues desde el triunfo de la Revolución ha habido varios ajustes. “Una de las primeras de estas medidas fue decretada en el año 1982, en el que se dispuso un aumento para todas las pensiones menores de ochenta pesos mensuales y así le sucedieron otros, con mayor impacto, los que se aplicaron en los años 2002, 2005, 2008, 2018 y 2019 y 2021”.

Apuntó que también se realizaron incrementos específicos según las condiciones económicas del país para las FAR y el Minint, a Héroes del Trabajo, a Glorias Deportivas, a científicos e investigadores de prestigio, y a combatientes de la lucha clandestina, contra bandidos e internacionalistas. “Todas estas medidas se incluyen en los presupuestos anuales de seguridad social, aprobados previamente”.

El director de Seguridad Social del MTSS afirmó que la situación actual ha motivado esta nueva medida, que es bien recibida por la población.

Benito Rey González, director general de Seguridad Social del MTSS, explicó en conferencia de prensa que la resolución 14 del 2025 sobre este tema se publica hoy en Gaceta Oficial. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Rey González comentó que el proceso inflacionario ha impactado en la capacidad de compra de las personas con pensiones, principalmente de los trabajadores que se jubilaron con las regulaciones de la Ley 24 de Seguridad Social y antes de la implementación de la Tarea Ordenamiento, que reciben menos ingresos que los que se jubilan actualmente, a pesar de haber ocupado el mismo cargo.

En este sentido, reafirmó que con esta medida, el 88% de los pensionados (1 573 320 personas) recibirá un aumento. Los beneficiarios son pensionados por edad, por invalidez, por causa de muerte (viudas/viudos, huérfanos y padres con derecho).

Explicó que a partir de la nueva disposición, se incrementa en 1 528 pesos la pensión por edad e invalidez para los jubilados del régimen general de seguridad social y los regímenes especiales, con cuantías de hasta 2 472 pesos.

Aquellos pensionados que reciben entre 2 473 y 3 999 pesos mensuales verán ajustada su pensión hasta alcanzar los 4 000 pesos.

En el caso de las pensiones por causa de muerte, el aumento se calcula sobre la cuantía que recibía el causante, y se distribuye entre los beneficiarios conforme a lo establecido en la Ley No. 105, “De Seguridad Social”, del 27 de diciembre de 2008. Asimismo, los pensionados con derecho a más de una pensión recibirán el incremento sobre la cuantía de la pensión unificada.

Esto quiere decir que las pensiones por causa de muerte se recalcularán aplicando el porcentaje legal correspondiente (70% para un beneficiario, 85% para dos, 100% para tres o más) sobre la pensión actualizada del fallecido.

“Esta medida prioriza a los pensionados de menores ingresos, financiada con recursos del presupuesto estatal”, subrayó el director de Seguridad Social.

Asimismo, reiteró que el incremento parcial de las pensiones reafirma el compromiso del Gobierno cubano con la justicia social y la protección de los ciudadanos con menores ingresos, en medio de un contexto económico y financiero complejo.

“La evaluación de la capacidad adquisitiva real de las pensiones se mantiene como una prioridad en la agenda gubernamental, con el propósito de avanzar gradualmente en su mejora, en correspondencia con las posibilidades del presupuesto estatal”.

Para ello, se requiere “el diseño e implementación de medidas que fortalezcan los ingresos del Presupuesto del Estado”, dijo Rey González.

El ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, reconoció que este incremento tiene un alcance parcial y aún no cubre todas las demandas, pero expresa la voluntad política de priorizar este grupo pese al alto déficit fiscal. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

Por su parte, el ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, se refirió a por qué implementar ahora este incremento parcial de pensiones. “En primer lugar, nuestros programas sociales cuentan con financiamiento estatal, respaldado por un presupuesto que —en condiciones de tensión financiera, acorde al desempeño económico— prioriza conquistas sociales como educación, salud, cultura y este programa universal que protege a los trabajadores. Constitucionalmente, es un deber garantizar esta protección no solo al trabajador, sino también a sus familiares dependientes”.

Afirmó que la agenda gubernamental prioriza a las personas de menores ingresos. “Mientras el sector empresarial ha descentralizado facultades para mejorar salarios según productividad, el sector pensionado depende directamente de las capacidades presupuestarias, afectadas por el proceso inflacionario actual”.

El ministro reconoció que este incremento tiene un alcance parcial y aún no cubre todas las demandas (alimentación, transporte, servicios básicos), pero expresa la voluntad política de priorizar este grupo pese al alto déficit fiscal. “En 2024, aunque reportamos una leve recuperación fiscal ante la Asamblea Nacional en junio, persisten limitaciones presupuestarias para atender todas las distorsiones económicas”.

Informó que la medida demanda aproximadamente 25 000 millones de pesos anuales (2 000 millones mensuales), respaldados por un mejor desempeño presupuestario y mayores ingresos, ajustes tributarios implementados y una mayor disciplina fiscal de sectores estatal y no estatal. Sin embargo, aún enfrentamos retos como la morosidad, la evasión fiscal y la necesidad de optimizar la recaudación.

Regueiro Ale ratificó que esta acción es un primer paso dentro de un programa integral. “En la medida que mejore la situación fiscal, aumente la autonomía y suficiencia de ingresos, y fortalezcamos la responsabilidad colectiva en el pago de impuestos, podremos ampliar las mejoras para pensionados y el sector presupuestario. Los 25 000 millones representan el 30% del déficit actual, pero su sostenibilidad depende de la recuperación macroeconómica en curso”, dijo.

El director de emisión de valores del Banco Central de Cuba, Julio Pérez Álvarez. Foto: Abel Padrón Padilla/ Cubadebate.

El director de emisión de valores del Banco Central de Cuba, Julio Pérez Álvarez, afirmó en la conferencia de prensa que “no es un secreto que atravesamos momentos complejos para asegurar la calidad del servicio en el sistema bancario, debido a la alta demanda existente. Esto ocurre en todo el territorio nacional”.

Aseguró que entre las medidas adoptadas en la red de bancos para la implementación de este incremento en las pensiones destaca el aseguramiento de la disponibilidad de efectivo a nivel provincial.

Subrayó que este efectivo no competirá con otras actividades del sistema bancario (como nóminas o pagos al sector campesino), por tanto, los pensionados deberán recibir la totalidad de sus cuantías.

Otras medidas organizativas que se han tomado son extender o adelantar horarios de servicio donde sea posible, asegurar efectivo en centros de trabajo que puedan contribuir con los pagos y el monitoreo diario de las irregularidades que se puedan presentar.

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Rodríguez advirtió que, según pronósticos del Instituto de Meteorología, las precipitaciones en lo que resta de julio estarán por debajo del promedio histórico, lo que agravará la situación. Destacó que, de las 486 estaciones de bombeo principales, solo el 38 % cuenta con protección ante fallos energéticos, debido a la dispersión geográfica de las más de 3 000 instalaciones existentes en el país.

El directivo reconoció que alrededor de 300 000 personas enfrentan interrupciones en el servicio por la falta de equipos funcionales. “La situación es compleja. Avanzamos en obras, pero con limitaciones”, admitió, señalando a Santiago de Cuba como la región más afectada.

Actualmente, el INRH recibe solo el 37 % del combustible requerido para sus operaciones —frente al 47 % del año anterior—, recurso destinado a trasladar químicos para potabilización, reparaciones urgentes, distribución mediante pipas y el saneamiento de fosas contaminantes.

Los constantes apagones, añadió, han acelerado el deterioro de los sistemas de bombeo. Pese a esto, Rodríguez descartó un aumento en las tarifas del agua, dado que el servicio “está en peores condiciones que en 2024”.

Durante la reunión —previa al Quinto Período Ordinario de Sesiones de la X Legislatura—, se detallaron las acciones del INRH para cumplir los compromisos asumidos en su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional. Rodríguez enfatizó que, además de los obstáculos crónicos (financiamiento, escasez de repuestos), la actual sequía atípica para julio ha profundizado la crisis.

Aunque la infraestructura heredada de la “política de voluntad hidráulica” mitiga parcialmente el problema, alertó que, de persistir la baja pluviosidad hasta octubre, el escenario podría empeorar.

Sobre la transición en la matriz energética, se destacó que actualmente se ejecutan obras en 19 empresas de acueducto y alcantarillado, con 766 sistemas de bombeo solares instalados. De estos, 697 ya están en funcionamiento, beneficiando a una población estimada de 445 201 habitantes. Asimismo, se colabora con la Unión de Industrias Militares para reparar un centenar de motores.

El Instituto avanza en el Programa Integral de Desarrollo Hidráulico, alineado con el Grupo Temporal de Trabajo (GTT-OP.194-2025), y prioriza diagnósticos en OSDEs para atender áreas críticas.

También implementa el Acuerdo 10092/25 del Consejo de Ministros, enfocado en garantizar el abasto mediante alianzas estratégicas, optimizar el servicio de pipas, y promover innovación científica, entre otros ejes.

Además, se informó que, de las metas inscritas en el plan de la economía, se ha cumplido el 56%. Respecto a los 937 planteamientos pendientes, estos presentan un avance superior al 60% en su ejecución. (ALH)

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Así expresó a Radio Reloj, Yenima Díaz Acosta, Coordinadora de la presidencia nacional de la Organización de Pioneros José Martí, quien agregó que a la cita acudirán cerca de 330 delegados e invitados de todo el país.

Adelantó que las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Pioneril se desarrollarán en el Capitolio Nacional y el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara y la inauguración se efectuará en el Memorial José Martí de La Habana.

La mayoría de los asistentes a la magna cita de la más joven generación llegará a la capital el próximo miércoles por vía férrea.

Tomado de Radio Reloj

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El jefe de Estado en su cuenta de la red social Telegram calificó de “día histórico en el que seré juramentado como Presidente de la República Bolivariana de #Venezuela para el periodo 2025-2031”.

Expresó sentirse honrado de estar acompañado por el pueblo en la calle, cumpliendo la Constitución, para seguir con la tarea de resguardar la soberanía nacional mediante juramento ante la Asamblea Nacional.

“¡Para los que no quieren ver la verdad! Una vez más las calles de Venezuela, el pueblo bolivariano, la gente de a pie y madura del país llenó las avenidas, calles y barrios con su fuerza y lealtad!, escribió el dignatario anoche en la misma plataforma digital.

El jefe de Estado manifestó que “es la furia bolivariana que dijimos el 28 de julio y hoy ratificamos: ¡Victoria de la Patria! ¡Victoria de La Paz!”, aseveró.

Ayer cientos de miles de venezolanos, trabajadores, campesinos, pescadores, milicianos, militares, mujeres y hombres del pueblo chavista y revolucionario salieron a las calles de Caracas y de otros estados del territorio nacional para defender la Revolución bolivariana.

Más de dos mil representantes de gobiernos, movimientos sociales de más de un centenar de países de todos los continentes y organizaciones internacionales viajaron a esta capital para asistir a la juramentación de Maduro este viernes en el Palacio Federal Legislativo.

(Tomado de Prensa Latina)

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El director municipal de Salud, Raydel Alejandro Sotés Carrera, explicó al representante al Parlamento la importancia del centro para las embarazadas unionenses, y en especial para las futuras madres que viven en el Plan Turquino, y profundizó en los beneficios para las gestantes, la calidad de las consultas multidisciplinarias y los diferentes cultivos sembrados en áreas del centro.

En la Cooperativa de Producción Agropecuaria 13 de Marzo, enclavada en el asentamiento rural El Porvenir, el Ministro apreció las siembra de cultivos y cuánto avanza el proyecto de cooperación internacional auspiciado por la diputación de Valencia, con el propósito de fortalecer la mini industria.

La primera fase del proyecto asciende a más de 40 mil euros, incluidas la compra e instalación de una lavadora de frutas y viandas, una seleccionadora, una despulpadora, un acoplador, equipos de sellado, un deshidratador y un molino, explicó el presidente de la cooperativa, Pedro Ríos Ramos, ante las autoridades políticas y gubernamentales del territorio, también presentes. (ALH)

Foto: Yaudel Rodríguez Vento

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De esta manera, la Comisión Especial para el Encuentro Internacional Contra el Fascismo lo comunicó en un encuentro sobre el asunto llevado a cabo este jueves en el Museo Bolivariano de Caracas.

En este contexto, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Pedro Infante, lideró la actividad, informando a los medios de comunicación acerca de la agenda y el posible programa del evento.

Se informó que las fechas de este Foro Mundial serán los días 4 y 5 de noviembre. El propósito del evento será fomentar una discusión parlamentaria global en torno a la protección de la soberanía de las naciones, mientras busca elaborar un plan de trabajo que represente la verdad de Venezuela, en defensa de la soberanía e independencia del país.

Este acontecimiento se incluiría en las actividades programadas para los 67 Grupos de Amistad Parlamentaria de la Asamblea Nacional, dentro del contexto de la diplomacia legislativa de Venezuela, que ha establecido vínculos significativos con otras naciones y sostiene una relación franca con cada uno de los países asociados a los grupos parlamentarios.

(Tomado de teleSur)

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“Todas las personas tienen derecho a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado y entidades, conforme a las regulaciones establecidas”. (Art. 53)

“Se reconoce el derecho de toda persona de acceder a sus datos personales en registros, archivos u otras bases de datos e información de carácter público, así como a interesar su no divulgación y obtener su debida corrección, rectificación, modificación, actualización o cancelación. El uso y tratamiento de estos datos se realiza de conformidad con lo establecido en la ley”. (Art. 97)

“Los órganos del Estado, sus directivos y funcionarios actúan con la debida transparencia”.

La nueva ley, que se fundamenta en los preceptos constitucionales que establecen los principios fundamentales del Estado socialista de derecho (artículos 1, 8 y 10), está en sintonía con la legislación nacional y los acuerdos internacionales de los que Cuba es parte; el objetivo de desarrollo sostenible 16 y los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (5, 6, 82, 84, 89, 194, 195, 197, 199, 200 y 201).

Para su elaboración, se estudiaron 11 decretos leyes en el ámbito nacional y se hizo un estudio comparado de 123 leyes de transparencia y acceso a la información a nivel internacional.

Entre otros elementos, se tuvieron en cuenta los preceptos constitucionales, el Decreto Ley sobre la Seguridad y Protección de la Información Clasificada y Limitada y políticas y disposiciones normativas relativas al sistema de registros públicos, la gestión documental y archivos, el sistema de información de gobierno, la informatización de la sociedad, la protección de datos personales y la comunicación social del Estado y el Gobierno cubanos.

Al presentar el proyecto de ley a los parlamentarios reunidos en el Palacio de Convenciones, el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Eduardo Martínez Díaz, recordó las palabras de Raúl cuando afirmó en 2010 que “es preciso poner sobre la mesa toda la información y los argumentos que fundamentan cada decisión y, de paso, suprimir el exceso de secretismo a que nos habituamos durante más de 50 años de cerco enemigo.

“Siempre un Estado tendrá que mantener un lógico secreto en algunos asuntos, eso es algo que nadie discute, pero no las cuestiones que definen el curso político y económico de la nación. Es vital explicar, fundamentar y convencer al pueblo de la justeza, necesidad y urgencia de una medida, por dura que parezca”.

Martínez Díaz explicó que esas ideas acompañaron el proceso de elaboración del proyecto de ley conducido por el Citma, seguido de cerca por el presidente Miguel Díaz-Canel y que implicó un amplio mecanismo de consulta especializada, concluyendo de forma colectiva con la participación de un grupo grande de instituciones y expertos de todo el país.

El ministro precisó que en el proceso de conciliación se recibieron 307 opiniones. “Todas fueron respondidas y conciliadas con cada uno de los compañeros. Se aceptaron de forma total o parcial 196, es decir, la mayor parte de las propuestas recibidas”.

“Esta ley −sostuvo Martínez Díaz−, es la más alta expresión de la voluntad política del Estado y el Gobierno cubanos de transparentar su gestión. Todo ello, en un contexto económico y mediático del cual todos aquí sabemos que saldremos victoriosos”.
Lo que establece la nueva ley

En su artículo primero, se establece que esta ley, sin precedente en el país, regula la transparencia y el derecho a la información pública, además de establecer las obligaciones que deben cumplir sus responsables.

Entre sus fines, se declaran el cumplimiento efectivo y responsable de las obligaciones de los sujetos obligados respecto a la transparencia y el acceso a la información pública en todo tipo de soporte, así como a la protección de los derechos ciudadanos previstos en la Constitución y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todo tipo de soporte.

Igualmente, promover el uso de las TIC como soporte de la transparencia, una mejor toma de decisiones de la gestión pública, escrutinio social y participación ciudadana sobre las acciones de la Administración.

Por “información pública”, la ley entiende “aquella que generan o custodian los sujetos en el ejercicio de sus funciones públicas, así como las personas naturales y jurídicas que reciben financiamientos y otros beneficios públicos” contenidos en todo tipo de soporte.

La ley considera “sujetos obligados” a los órganos superiores del Estado, los organismos de la Administración Central del Estado, sus entidades subordinadas y adscriptas; las entidades provinciales y municipales y otras entidades y empresas nacionales, que prestan servicios públicos.

Igualmente, a las estructuras de la Administración provincial, sus dependencias y entidades subordinadas o adscriptas; los Consejos de la Administración Municipal y demás estructuras, dependencias y entidades subordinadas o adscriptas, y las organizaciones de masas, sociales y todo aquel que recibe financiamientos y otros beneficios públicos.

En el capítulo II, referido a la aplicación y principios de ordenación, se establece, entre otros principios, el derecho de las personas a solicitar y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna. Además, que los sujetos obligados aseguran la amplia disponibilidad de información pública sobre sus actuaciones, por todos los medios posibles, sin que medie una solicitud.

En cuanto al alcance limitado de las excepciones, establece que “el derecho de acceso a la información pública solo se puede limitar por causas excepcionales, conforme a lo establecido en esta ley y las disposiciones normativas relacionadas con estas excepciones”.

Otros principios recogidos son los de calidad de la información pública, la celeridad, gratuidad, inclusión y no discriminación, publicidad y responsabilidad.

También (en el capítulo III) define el Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, declara la finalidad de promover una cultura de la transparencia en la gestión pública y encarga al Citma elaborar propuestas de actualización de la legislación en esta materia y asesorar y supervisar a los sujetos obligados en el grado de implementación de la ley.

Sobre los sujetos obligados, legisla en la sección segunda del título III que les corresponde salvaguardar los intereses del Estado y sus ciudadanos; asegurar la trazabilidad de su gestión administrativa; promover la capacitación continua y especializada del personal vinculado a estos temas; brindar información pública en los plazos establecidos, con la calidad, veracidad y objetividad requeridas y rendir cuentas sobre su gestión en el cumplimiento de sus responsabilidades.

“Todas las personas tienen derecho a acceder y consultar la información pública, cuando no se encuentre transparentada, que comprende el derecho de recibirla y divulgarla, siempre que no se incluya entre las excepciones establecidas en la presente ley. (Art. 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

“Los solicitantes son responsables del uso de la información a la que acceden (…) Hacerlo indebidamente puede generar responsabilidad administrativa, civil o penal, conforme a la legislación vigente”.

(Art. 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública)

La ley incluye entre las excepciones al acceso a la información pública “la información clasificada o limitada y aquellas circunstancias, hechos o atributos que, de divulgarse, constituyan un daño, peligro, afectación o violación” para la soberanía, defensa y seguridad nacionales, los datos personales, un procedimiento judicial o administrativo en trámites, los derechos de propiedad intelectual, la confidencialidad de datos comerciales y el medioambiente.

La nueva normativa entrará en vigor a los 180 días hábiles a partir de su publicación en la Gaceta Oficial. Entre sus disposiciones finales, faculta al ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para que en el plazo de 60 días posteriores a su entrada en vigor elabore los procedimientos a los efectos de su implementación.
Los diputados opinan

El dictamen de la ley fue presentado por la diputada Martha del Carmen Mesa Valenciano, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, quien recordó que el proyecto de ley estuvo disponible en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se recibieron opiniones, además de ser analizado en varias reuniones con los parlamentarios.

Daicar Saladrigas González, diputada por Camagüey, destacó que la normativa fue ampliamente debatida, es sencilla y concisa, y el reto está “en su implementación para instituciones y sectores de la sociedad, porque implica un cambio sustancial en lo que han sido nuestras prácticas hasta ahora”.

De ahí −continuó la diputada− la importancia de las disposiciones especiales enfocadas en la capacitación y el encargo de ello al Citma y su ministro, el fomento de buenas prácticas y la calidad de la información y la voluntad de que compartir información pública sea parte de la cultura organizacional.

Lisette Martínez, diputada por La Habana Vieja, destacó el amplio proceso consultivo para la elaboración de la ley. “Los diputados llegamos con una nueva impresión del documento”, dijo, y destacó los retos para los servidores públicos.

Yoerky Sanchez, diputado por Villa Clara, recordó que se escucharon criterios y dudas, y “se nos explicó y argumentó minuciosamente, por ejemplo, en relación con el concepto de información pública que maneja la ley”.

Agradeció a la comisión redactora por el intercambio constante.

“Es una norma que cubre un vacío legislativo en relación con el derecho ciudadano al acceso a información pública de calidad, veraz, objetiva, oportuna”, dijo y señaló que rebasa el tema de documentación y archivos.

“Es una norma superior que tributará a un país con más información, más transparencia y mucha más democracia”, concluyó.

En el debate se conoció que, con base en las opiniones de los diputados y de la población, se transformaron 22 de los artículos durante el proceso de elaboración de la ley.

(Tomado de Portal Cuba)

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El resultado obtenido por el partido oficialista «no es un buen resultado para los partidos que defienden Europa», reconoció Macron en un discurso, señalando que los movimientos «de extrema derecha […] están progresando en todo el continente».

«En unos momentos firmaré el decreto que convoca a las elecciones legislativas para el 30 de junio, para la primera vuelta, y el 7 de julio, para la segunda vuelta», declaró, agregando que no puede «actuar como si nada hubiera pasado».

Los sondeos en Francia dan una clara mayoría a la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), que obtendría casi el doble de votos (31,5 %) que Renacimiento (15,2 %), el partido gobernante del presidente Emmanuel Macron. El tercer lugar lo ocuparía el Partido Socialista con el 14 % de apoyos.

«La principal fuerza de cambio en Francia»

Marine Le Pen, líder de los diputados de RN, festejó los resultados de las elecciones y la decisión de Macron, que se corresponde con lo que había reclamado su partido.

«Estas elecciones históricas demuestran que cuando el pueblo vota, el pueblo gana«, declaró la política ultraderechista.

Recordó que las legislativas de 2022 designaron a RN como el principal opositor parlamentario, mientras que las elecciones de este domingo confirman a su movimiento «como la principal fuerza de cambio en Francia».

Llamando a los franceses a apoyar a los candidatos de su partido en las elecciones anticipadas, aseguró que su fuerza está «lista para ejercer el poder, a poner fin a la migración masiva, a dar prioridad al poder adquisitivo, a hacer que Francia vuelva a vivir».

El presidente de RN, Jordan Bardella, celebró la disolución del Legislativo por el mandatario conforme a su llamamiento anterior.

«Estamos dispuestos a constituir una nueva mayoría para Francia: pido a los franceses que se unan a nosotros y se involucren», escribió el político en su cuenta de X.

«Una enorme bofetada»

Por su parte, el secretario nacional del Partido Comunista Francés (PCF), Fabien Roussel, afirmó a France 2 que «no hay que tener miedo de esas elecciones», sino que hay que ver su resultado como «una enorme bofetada» propinada a la política de Macron por parte de «quienes votaron por las fuerzas de extrema derecha y quienes votaron por las fuerzas ecologistas de izquierda».

Los comunistas no alcanzaron el umbral del 5 % necesario para enviar diputados electos a la Eurocámara.

Manifestación en París

El resultado electoral de RN ha desencadenado una protesta callejera en París. Varios centenares de personas se congregaron en la plaza de la República para manifestar su desacuerdo con la victoria abrumadora de la derecha.

Los manifestantes empezaron a llegar a la plaza alrededor de las 22:30, donde se ondearon banderas de jóvenes ecologistas, de la unión estudiantil UNEF, del Partido Socialista, del partido Francia Insumisa y de Palestina.

Se oyeron cánticos antifascistas y llamamientos a crear un «frente popular» contra RN, informa AFP.

¿Por qué Macron decidió disolver la Asamblea Nacional?

En virtud del artículo 12 de la Constitución francesa, el presidente puede disolver la Asamblea Nacional después de consultarlo con el primer ministro y los presidentes de las dos cámaras del Parlamento: el Senado y la Asamblea Nacional. Tras el anuncio de la disolución, deben celebrarse nuevas elecciones en un plazo de 20 a 40 días.

Sin embargo, para poder volver a recurrir a esta ‘arma constitucional‘, el mandatario debe esperar al menos un año después de las elecciones legislativas que siguieron a la última disolución.

La disolución de la Asamblea Nacional permite al Gobierno superar situaciones de crisis o bloqueo institucional, como ocurrió en 1962, 1968, 1981 y 1988, cuando hubo desacuerdos entre la mayoría parlamentaria y el Ejecutivo. La disolución de 1981, por ejemplo, fue crucial para François Mitterrand para asegurarse la mayoría tras su victoria en las presidenciales.

No obstante, ese paso también puede tener un efecto contrario al deseado. Así, cuando Jacques Chirac quería consolidar su mayoría en la Asamblea Nacional en 1997, las nuevas elecciones que siguieron a la disolución lo dejaron con una mayoría de izquierdas y la necesidad de trabajar junto con el gobierno del socialista Lionel Jospin.

Tomado de Rusia Today

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Según un comunicado de la vía interoceánica en tercer debate la Asamblea Nacional aprobó el presupuesto que estima ingresos de cuatro mil 776,5 millones de dólares en el período del 1 de octubre de 2023 al 30 de septiembre del 2024.

Según la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) los ingresos provendrán fundamentalmente de los pesos (74,56 por ciento) y otros servicios marítimos( 23,2 por ciento).

También serán clave la venta de energía eléctrica y agua potable, de acuerdo con ese texto.

La ACP precisó que el 45 por ciento de los ingresos por peajes corresponden a buques portacontenedores, que aprovechan la posición geográfica del istmo y su sistema intermodal, al utilizar como alternativa para la carga el traslado vía terrestre desde los puertos de un océano al otro y luego continúan la navegación, lo cual valoriza su potencial complementario.

En julio pasado, debido a los impactos de una larga temporada seca y falta de lluvias, el canal redujo a 32 de un máximo de 38 el tránsito diario de embarcaciones.

Actualmente mantiene además un calado de 44 pies, cuando el máximo es 50, como medidas de ahorro ya que la sequía mermó los niveles en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela, que almacenan el agua de las lluvias que caen en la Cuenca Hidrográfica del Canal.

Según el administrador de la ACP, Ricaurte Vásquez, pese a la escasez de agua por los rigores de la sequía, los ingresos previstos para el 2024 superan en 2,7 por ciento los del año pasado, resultado del esquema de pesajes escalonado que fue implementado en enero de este año y que concluye en 2025. (ALH)

Tomado de Prensa Latina

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