El viceministro de Trabajo y Seguridad Social, Ariel Fonseca Quezada, explicó en la Mesa Redonda los principales elementos de la implementación del incremento salarial para el sector presupuestado, una medida que beneficia a más de 1,2 millones de trabajadores y forma parte de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas por el Gobierno.

Al intervenir en el programa, precisó que el incremento entró en vigor el 1.º de julio y comenzará a reflejarse en los salarios que se pagarán durante el mes de agosto.

“A partir del primero de julio de este año, como parte ya de las 176 transformaciones, de manera concreta entró en vigor el incremento salarial para el sector presupuestado”, señaló.

No se trata de una reforma salarial general

Fonseca Quezada aclaró que esta decisión no constituye una reforma general del sistema salarial, como ocurrió durante la implementación de la Tarea Ordenamiento, sino una actualización de los ingresos de los trabajadores presupuestados.

“Es importante aclarar que no es una reforma general de salarios, como sí ocurrió algunos años cuando la implementación de la Tarea Ordenamiento, pero sí es un paso importante para actualizar los ingresos de los trabajadores del sector presupuestado a partir de reconocer su labor esencial para nuestra sociedad”.

El viceministro recordó que la medida beneficia a alrededor de 1,2 millones de trabajadores, equivalentes al 51 % de los empleados del sector estatal cubano. Asimismo, insistió en que las transformaciones económicas deben analizarse de manera integral, pues todas guardan relación entre sí.

Añadió que el incremento representa un esfuerzo financiero superior a los 42 500 millones de pesos anuales con cargo al presupuesto del Estado, en medio de un escenario económico complejo marcado, entre otros factores, por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

El salario mínimo aumenta para todos los trabajadores del país

Durante su intervención, el viceministro recordó que el salario mínimo quedó fijado en 3 210 pesos mensuales y subrayó que esa cifra no solo se aplica al sector presupuestado.

“El salario mínimo que a partir de que se estableció en 3 210 pesos es para el sector presupuestado, para el sector empresarial estatal, pero para todos los trabajadores del país”.

Precisó que todas las formas de gestión y todos los empleadores, independientemente de su forma de propiedad, están obligados a cumplir ese salario mínimo, el cual representa un incremento cercano al 53 % respecto al anterior.

Explicó además que se mantienen los 32 grupos de la escala salarial, cuyos valores también aumentan aproximadamente un 53 %, alcanzando el grupo 32 un salario superior a los 14 000 pesos.

Se mantienen los principios del sistema salarial

Fonseca Quezada enfatizó que la estructura de la escala salarial responde a principios técnicos y éticos previamente establecidos y no a decisiones arbitrarias.

“La creación de estos grupos escalas no es algo arbitrario (…) valoramos cada puesto de trabajo de manera objetiva”.

Indicó que la organización salarial continúa sustentándose en principios como la diferenciación, la igualdad de salario por igual trabajo sin discriminación, la complejidad, la proporcionalidad y la jerarquía de los cargos.

También recordó que continúan vigentes los pagos adicionales aprobados en los últimos años para sectores priorizados como Salud y Educación, entre ellos los estímulos por años de servicio, la sobrecarga laboral, la nocturnidad, las categorías científicas y otros conceptos.

El incremento salarial se complementa con otros pagos adicionales

El viceministro presentó varios ejemplos para ilustrar el efecto combinado entre el incremento del salario escala y los pagos adicionales.

Explicó que un médico general integral recién graduado verá elevar su salario escala de 4 610 a 7 045 pesos, pero al sumar los pagos por años de servicio, nocturnidad y esfuerzo en condiciones especiales podría percibir alrededor de 19 940 pesos mensuales.

Asimismo, señaló que un médico especialista de segundo grado con categoría docente, años de servicio y demás incentivos establecidos podría alcanzar ingresos cercanos a los 27 800 pesos mensuales.

“Esta incremento salarial cuando se combina con otros pagos adicionales da unos resultados que hoy, insuficiente, insistimos, a partir del costo de la canasta básica, etcétera, pero que es una respuesta concreta”.

En el caso del sector educacional, indicó que un profesor de la enseñanza general podrá percibir aproximadamente 19 770 pesos mensuales, mientras que un profesor titular universitario alcanzaría alrededor de 21 585 pesos, en dependencia de su categoría docente, científica y años de antigüedad.

Salud y Educación continúan siendo sectores priorizados

Fonseca Quezada recordó que el Gobierno ha venido aprobando de forma gradual pagos adicionales para sectores estratégicos.

Reconoció que aún existen preocupaciones en Salud relacionadas con trabajadores que no forman parte del personal médico o de enfermería, cuyos incentivos continúan siendo objeto de análisis para futuras etapas. “Se seguirá analizando para que de manera paulatina, a partir de que las condiciones lo permitan, puedan ir recibiendo estos pagos adicionales”, dijo.

El viceministro destacó que estas medidas tienen un impacto significativo debido al elevado número de trabajadores que laboran en los sectores de Salud, Educación, Cultura, INDER y otras instituciones formadoras del país.

El incremento será retroactivo al mes de julio

Otro de los aspectos abordados fue la aplicación retroactiva de la medida. Fonseca Quezada explicó que, aunque el incremento comenzó a regir desde el 1.º de julio, los trabajadores lo percibirán durante agosto, pues el salario se cobra por el trabajo realizado el mes anterior.

También reconoció el esfuerzo organizativo que implicó la implementación de la medida, incluyendo la actualización de los sistemas contables, nóminas, bancos y demás estructuras financieras del país.

El nuevo Código del Trabajo prevé revisar anualmente el salario mínimo

El viceministro destacó además que el recientemente aprobado Código del Trabajo incorpora la obligación de revisar anualmente la pertinencia del salario mínimo.

“El Código del Trabajo (…) fija y obliga a la necesidad que anualmente el Gobierno pueda analizar la pertinencia y que, a partir de las posibilidades económicas, se pueda ir fijando un salario mínimo en correspondencia con las necesidades, con los costos, con la inflación y también con las posibilidades del país”.

Añadió que esta revisión tendrá impacto no solo sobre los salarios, sino también sobre las pensiones y las prestaciones de la asistencia social, como parte de una evaluación integral de los ingresos de la población.

Un primer paso para fortalecer los servicios sociales

En las conclusiones de su intervención, Fonseca Quezada reiteró que más de 1,2 millones de trabajadores del sector presupuestado verán incrementados sus ingresos a partir de agosto, gracias a un importante esfuerzo financiero del Estado.

Insistió en que la medida no resuelve todas las necesidades existentes, pero constituye “un primer paso” dentro de un mecanismo que permitirá revisar anualmente el salario mínimo y avanzar gradualmente en la actualización de los ingresos.

“Esta transformación no resuelve todas las carencias que hoy estamos enfrentando, pero representa una apuesta necesaria para fortalecer a los trabajadores que sostienen los servicios sociales básicos. Sienta las bases de un sistema que, aunque todavía limitado, busca ser más justo y adaptativo a la realidad económica del país”.

El Decreto 160/2024 elimina restricciones anteriores, vincula la remuneración a la capacidad económico-financiera de las entidades y establece nuevos mecanismos de participación de los trabajadores en la organización salarial

Como parte de las transformaciones económicas y sociales que se implementan en el país, el sistema empresarial estatal cubano contará con mayores facultades para definir su organización salarial, a partir de un nuevo marco normativo que busca vincular los ingresos de los trabajadores con la eficiencia, la productividad y la capacidad económico-financiera de cada entidad.

Sobre los principales cambios que introduce el Decreto 160/2024, explicó en la Mesa Redonda Guillermo Sarmiento Cabañas, director de Organización del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quien destacó que la nueva norma constituye una continuidad del proceso iniciado en 2021 para eliminar restricciones que limitaban el desarrollo de las empresas estatales.

Según explicó el directivo, desde ese año se aprobaron transformaciones en el sistema de retribución del trabajo en el sector empresarial mediante diferentes disposiciones jurídicas, entre ellas los decretos 53, 87 y 138, que fueron ampliando progresivamente las facultades de las entidades.

“Las transformaciones nos han ido llevando, obligando en el ámbito de ampliar las facultades al sistema empresarial para que opere en condiciones similares al resto de los actores económicos no estatales”, señaló.

El nuevo decreto, precisó, representa un paso superior al eliminar varias de las restricciones que todavía permanecían en la normativa anterior y otorgar mayor autonomía a las empresas para diseñar sus propios sistemas salariales.

La capacidad económico-financiera como elemento central

Uno de los principales cambios que introduce la nueva regulación es que la organización salarial de las empresas dejará de estar condicionada por determinados indicadores establecidos previamente y pasará a depender de la capacidad económico-financiera de cada entidad.

“Lo más importante de esta transformación es la propia descentralización de la facultad al sistema empresarial para aprobar su organización salarial”, afirmó Sarmiento.

De acuerdo con el especialista, esta capacidad económico-financiera no se limita únicamente a la existencia de utilidades, sino que expresa la eficiencia integral de la empresa, su posibilidad de generar resultados sostenibles y garantizar la fuerza laboral necesaria para sus procesos productivos.

“Estamos hablando de un salario que tiene que ser motivador para que mi empresa cuente con los mejores recursos humanos”, explicó.

En ese sentido, subrayó que la transformación trasciende el incremento de ingresos y forma parte de una concepción más amplia de perfeccionamiento de la gestión empresarial.

“La transformación en esencia va más allá del salario. Es cierto que la empresa va a tener la facultad de aprobar la escala, sus pagos adicionales, sus sistemas de pago por resultados, pero tiene como principal concepción mejorar la gestión de sus recursos humanos”, afirmó.

El directivo señaló que esa gestión incluye aspectos como el diseño de puestos de trabajo, la selección, la formación y otros elementos vinculados al desarrollo del capital humano.

“Entre más rico se genere, más podrá tener salario los trabajadores, pero también mejora todo el sistema de gestión de recursos humanos”, agregó.

Salarios asociados a eficiencia y productividad

Sarmiento explicó que los mayores ingresos para los trabajadores deberán estar respaldados por resultados económicos reales, derivados del incremento de la productividad y la eficiencia empresarial.

Por ello, la nueva política coloca a la empresa estatal en una posición de mayor autonomía, pero también de mayor responsabilidad.

“Todas las empresas del sistema empresarial van a aplicar una facultad con menos restricciones o límites, pero está poniendo al sistema empresarial estatal cubano en una condición ventajosa”, señaló.

No obstante, aclaró que las entidades con pérdidas tendrán un tratamiento diferenciado, pues aún no han generado la capacidad económico-financiera necesaria para respaldar incrementos salariales.

Sin embargo, indicó que estas medidas no deben analizarse de forma aislada, sino como parte de un conjunto más amplio de transformaciones dirigidas al fortalecimiento de la empresa estatal.

En ese sentido, mencionó otras acciones relacionadas con la descentralización de facultades, la aprobación de precios y la reducción de cargas que afectan la gestión empresarial.

“Estas transformaciones benefician a la empresa. Esa empresa que tiene un resultado económico productivo que no la sitúa a la vanguardia tiene la oportunidad de transformarse a partir de que demos integralidad a estas medidas”, apuntó.

Participación de los trabajadores en la definición salarial

Otro elemento destacado por el directivo fue que las nuevas facultades no implican decisiones unilaterales de los directivos empresariales.

La organización salarial deberá discutirse y aprobarse con la participación de los trabajadores y la organización sindical.

“Los niveles de salario van a depender de la capacidad económico-financiera, pero no es una decisión unilateral”, aseguró.

Explicó que las propuestas deberán ser analizadas en la Asamblea General de Afiliados y Trabajadores y posteriormente incorporadas al Convenio Colectivo de Trabajo.

Para Sarmiento, este mecanismo aporta transparencia y participación en una de las decisiones más importantes para la vida económica de los trabajadores y sus familias.

“Es un elemento que se refuerza en esta medida, en esta transformación que estamos haciendo en el sistema empresarial”, señaló.

Asimismo, explicó que la organización salarial constituye una técnica dentro de la gestión de recursos humanos y debe quedar respaldada mediante normas jurídicas internas de cada empresa.

Estas disposiciones deberán establecer las escalas salariales, pagos adicionales y sistemas de remuneración por resultados, siempre respetando principios establecidos en el Código de Trabajo como la igualdad y la diferenciación.

Nuevos límites para la diferencia salarial entre directivos y trabajadores

Durante su intervención, Sarmiento también explicó las reglas establecidas para evitar diferencias excesivas entre los salarios de los cuadros de dirección y el resto de los trabajadores.

Según precisó, el Decreto 160 establece que el salario del director de una empresa podrá ser hasta seis veces superior al salario correspondiente al puesto de menor complejidad.

“Si el salario de menor complejidad es 5 000 pesos, puede tener como salario 30 000 pesos por la complejidad del trabajo”, ejemplificó.

Pero aclaró que ese límite mantiene una relación proporcional: si aumentan los salarios de los trabajadores ubicados en los grupos inferiores, también deberán crecer los restantes niveles salariales.

“Lo que queremos decir es que hay una mayor concentración de la distribución de esa riqueza que se crea en la empresa y no se dispersa en los extremos superiores”, explicó.

La regla, insistió, no limita la posibilidad de que los trabajadores incrementen sus ingresos, pues estos dependerán de los resultados productivos y económicos de cada entidad.

“El salario no queda limitado por una cifra máxima; depende de cuánto produzca esa empresa. Pero nunca será más de seis veces el salario menor de la empresa”, puntualizó.

Menos restricciones y mayor responsabilidad empresarial

Otro cambio señalado por el director de Organización del Trabajo del MTSS es que el fondo de salario ya no estará condicionado al resultado de auditorías como ocurría anteriormente.

“La magnitud de lo que depende un valor o la cuantía del salario no va a estar condicionado a un resultado de una auditoría”, explicó.

Esto, aclaró, no significa reducir los mecanismos de control interno, sino fortalecer la responsabilidad de cada entidad en la gestión de sus recursos.

“Cada uno asume la responsabilidad y el papel que desempeña en el sistema de la empresa”, afirmó.

Asimismo, detalló que algunas empresas consideradas de alto impacto social o estratégico tendrán tratamientos diferenciados, especialmente aquellas que brindan servicios universales y no están diseñadas para generar grandes niveles de utilidad.

Entre ellas mencionó sectores como la electricidad y el transporte.

Para estas entidades, el decreto establece mecanismos específicos mediante la aprobación de fondos salariales, previa evaluación de las autoridades correspondientes.

También se contemplan tratamientos particulares para empresas con pérdidas que resulten estratégicas para el país.

Un proceso gradual de implementación

Sarmiento explicó que la aplicación del nuevo sistema tendrá una gradualidad, con el objetivo de evitar impactos negativos en los costos del resto del sistema empresarial y en los precios minoristas.

“La empresa no va a poder correr de un primer momento con un precio que también se traduzca en incremento de costos al resto del sistema empresarial”, señaló.

Igualmente, confirmó que el salario mínimo establecido en julio tiene aplicación para todos los sistemas, incluido el empresarial estatal.

El directivo destacó además que las unidades presupuestadas con tratamiento especial que logren autofinanciar completamente sus gastos podrán aplicar facultades similares a las empresas estatales para organizar sus salarios.

En cambio, aquellas que cubran solo parcialmente sus gastos podrán aplicar sistemas de pago a sus trabajadores, pero no tendrán la facultad completa de diseñar una organización salarial propia.

Para establecer estas precisiones, explicó, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió la Resolución 54, incluida dentro del paquete normativo asociado a estas transformaciones.

Al concluir su intervención, Guillermo Sarmiento insistió en que el éxito de estas medidas dependerá de la responsabilidad con que sean aplicadas por las direcciones empresariales, los organismos de la Administración Central del Estado, los gobiernos territoriales y los propios colectivos laborales.

“Las empresas tienen que asumir el riesgo de saber hacer las cosas de una manera adecuada, transparente, con la participación de los colectivos laborales y del sindicato”, afirmó.

Con el nuevo marco jurídico, el sistema empresarial estatal avanza hacia un modelo de mayor autonomía en la gestión salarial, donde los ingresos de los trabajadores estarán vinculados a la capacidad real de generar eficiencia, productividad y resultados económicos sostenibles.

Jesús Otamendiz Campos destacó que las nuevas medidas forman parte de un proceso integral de actualización de las relaciones laborales, con mayor flexibilidad, nuevas oportunidades de ingresos y una mejor utilización de la fuerza de trabajo calificada

La aprobación unánime por la Asamblea Nacional del Poder Popular del nuevo Código del Trabajo constituye uno de los pasos fundamentales dentro de las transformaciones económicas y sociales que actualmente se implementan en Cuba, aseguró Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social, durante la Mesa Redonda.

El titular explicó que la nueva norma jurídica fue resultado de un amplio proceso de consulta y participación, en el que fueron recogidos criterios de trabajadores y diputados, con el propósito de actualizar la legislación laboral a las condiciones actuales del país.

“Es un código de una amplia consulta, una masiva consulta a los trabajadores, a los diputados, criterios diversos, más de 90 000 criterios de los trabajadores y de los diputados”, señaló.

De acuerdo con Otamendiz Campos, este proceso permitió construir una legislación “moderna, flexible y que se ajusta a los tiempos actuales”.

El ministro destacó que las transformaciones abordadas durante el programa tienen un alcance significativo, pues impactan a más de dos millones de trabajadores vinculados tanto al sector presupuestado como al empresarial estatal.

“Cuando uno evalúa la cantidad de ocupados que tenemos en la economía, en el sector presupuestado, en el sector empresarial, tenemos que decir que lo que hoy estamos abordando en esta Mesa Redonda y el impacto que tienen estas transformaciones llega a más de dos millones de trabajadores en Cuba”, afirmó.

Según explicó, el alcance de estas medidas trasciende al trabajador individual, pues cada beneficiado forma parte de un núcleo familiar y, por tanto, tiene una incidencia directa en la sociedad.

Un esfuerzo institucional para aplicar las nuevas medidas salariales

El ministro reconoció el trabajo desarrollado por los organismos de la Administración Central del Estado, gobiernos locales, directivos y especialistas de recursos humanos para garantizar la implementación de las medidas anunciadas.

Otamendiz Campos señaló que cumplir con el cronograma establecido para que los trabajadores percibieran los nuevos salarios después de junio representó un desafío organizativo.

“Ha requerido un gran esfuerzo de los organismos centrales del Estado, los órganos de las entidades en cada uno de los gobiernos locales para poder cumplir con este tema”, explicó.

En ese sentido, insistió en que las transformaciones salariales no deben analizarse de manera aislada, sino como parte de un conjunto de cambios dirigidos a perfeccionar la economía y las relaciones laborales.

“Estas medidas una por sí sola no reflejan la integralidad de las transformaciones que estamos abordando aquí”, afirmó.

El salario mínimo: una nueva mirada dentro de la política laboral

Entre los cambios más relevantes, el ministro destacó la transformación relacionada con el salario mínimo del país, una decisión que calificó como innovadora dentro de la práctica laboral cubana.

Explicó que el nuevo Código del Trabajo establece que el salario mínimo será fijado anualmente por el Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Este análisis deberá considerar el comportamiento de la economía nacional, las condiciones sociales, las tendencias inflacionarias y otros elementos vinculados al desarrollo del país.

Además, precisó que la propuesta será evaluada durante el proceso de elaboración del Plan de la Economía y contará con la participación de la organización sindical correspondiente, antes de ser informada a la Asamblea Nacional del Poder Popular.

“Esto es muy novedoso, no existe práctica en el país, no existe antecedente en el país en que nosotros acometamos el análisis del salario mínimo”, afirmó.

Para el ministro, esta transformación implica una revisión profunda del enfoque salarial en Cuba y responde a estudios y evaluaciones realizados durante años con el acompañamiento del Consejo Técnico Asesor del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

“Esto es resultado de estudios, análisis, de evaluaciones que tienen un impacto positivo en los temas salariales”, señaló.

Nuevas vías de ingreso y flexibilización del pluriempleo

Otro de los elementos destacados por Jesús Otamendiz fue la incorporación al Código del Trabajo de los pagos adicionales como una vía complementaria de ingresos para los trabajadores.

Según explicó, estas formas de remuneración constituyen herramientas que continuarán evaluándose y ampliándose dentro del sistema laboral cubano.

Asimismo, se refirió a la transformación relacionada con la eliminación de restricciones administrativas para el ejercicio del pluriempleo.

El ministro explicó que anteriormente existían limitaciones para que determinados profesionales pudieran desempeñar más de una actividad laboral.

Como ejemplo mencionó los casos de médicos, profesores e investigadores, quienes debían solicitar autorizaciones para ejercer otras labores fuera de su actividad principal.

“Estamos diciendo que eso se flexibilice al máximo”, afirmó.

A su juicio, esta medida permitirá que los trabajadores puedan aprovechar mejor sus capacidades profesionales, incrementar sus ingresos y contribuir a una futura pensión superior al realizar aportes a la Seguridad Social mediante los regímenes correspondientes.

“Las personas pueden tener más de un trabajo, pueden percibir ingresos por más de un trabajo y eso también beneficia a su futura pensión”, explicó.

El ministro vinculó esta transformación con la situación demográfica del país y la necesidad de aprovechar mejor la fuerza laboral calificada disponible.

“Tenemos que hacer un mejor uso de la fuerza de trabajo calificada con que contamos en el país”, apuntó.

Jornada reducida: más flexibilidad sin afectar derechos laborales

Otro aspecto novedoso mencionado por Otamendiz Campos fue la posibilidad de establecer jornadas reducidas para determinados trabajadores.

Explicó que, cuando una persona posee competencias, habilidades y conocimientos suficientes para cumplir sus funciones en menor tiempo, y exista acuerdo entre el empleador, la organización sindical y los trabajadores, podrá establecerse una contratación por una jornada inferior.

“Puede contratar por cuatro horas a un trabajador y que perciba el salario por las cuatro horas”, explicó.

Según el ministro, esta medida responde a realidades concretas en las que determinados especialistas pueden cumplir sus responsabilidades laborales en cuatro o cinco horas, sin necesidad de mantener obligatoriamente una jornada tradicional de ocho horas.

Esta flexibilidad también abre nuevas posibilidades para el pluriempleo, pero siempre bajo el principio de protección de los derechos laborales.

Otamendiz Campos aclaró que las transformaciones no buscan afectar las garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo ni los tiempos de descanso.

“Todo lo que estamos haciendo es para más transformación, para más flexibilidad y para que las personas puedan tener más de un trabajo, puedan tener más ingresos, puedan tener una pensión mayor en el futuro, pero también respetar su descanso y su jornada laboral”, afirmó.

Asimismo, destacó la importancia de garantizar el equilibrio entre la vida laboral y familiar.

“Que también pueda contribuir a convivir con la familia, a participar en la vida familiar de sus hijos, de su casa”, añadió.

Un Código para todos los actores económicos

Al finalizar su intervención, el ministro recordó que el nuevo Código del Trabajo no está diseñado exclusivamente para el sector presupuestado o la empresa estatal socialista, sino para todos los actores económicos del país.

“Este código no es ni para presupuestado ni para empresarial estatal, es para todos los actores económicos del país”, enfatizó.

Otamendiz Campos reconoció que aún quedan desafíos pendientes, especialmente en materia salarial para el sector presupuestado, pero consideró que las medidas aprobadas representan un avance significativo respecto a las prácticas laborales anteriores.

“Nos quedan muchas cosas por hacer todavía en los próximos tiempos, sobre todo en el tratamiento salarial del sector presupuestado, pero creemos que estamos en el camino correcto y es un avance sustantivo con respecto a la práctica laboral y salarial en el país”, concluyó.